En muchas copropiedades la escena es la misma: el residente pide un domicilio y, al llegar, la portería informa que debe recogerlo abajo. ¿Pueden prohibir que el domiciliario suba a su apartamento? Lo que parece una simple regla de seguridad abre una discusión mucho más relevante: ¿hasta dónde puede llegar la administración sin afectar los derechos del residente?
Este no es un tema menor. Una decisión mal planteada puede pasar de ser una medida interna a convertirse en un conflicto jurídico.
Seguridad sí, pero con límites legales
La Ley 675 de 2001 permite a las copropiedades establecer reglas para garantizar la seguridad y la convivencia. Esto incluye, por supuesto, el control de acceso de visitantes y domiciliarios.
Sin embargo, esa facultad no es absoluta. Toda medida debe ser razonable, proporcional y, sobre todo, respetar los derechos del residente. En otras palabras, la administración puede organizar el ingreso, pero no puede restringirse de forma arbitraria.
El punto clave: regular no es lo mismo que prohibir
Regular el acceso es válido. Implica establecer controles, pedir identificación, llevar registros o definir protocolos de ingreso. Todo esto es legítimo y necesario para la seguridad del conjunto. Prohibir el ingreso, en cambio, es otra cosa. Obligar al residente a bajar siempre por su pedido o impedir que el domiciliario suba al apartamento puede convertirse en una limitación injustificada al uso del bien privado.
El residente no pierde su derecho sobre el inmueble por vivir en propiedad horizontal. Sigue teniendo la facultad de decidir cómo recibe a terceros en su espacio.
Cuando una regla genera más problemas que soluciones
Las restricciones excesivas no solo generan incomodidad, también pueden traer consecuencias:
Conflictos constantes entre residentes y administración.
Cuestionamientos a las decisiones internas.
Impugnaciones o acciones legales.
Y algo que suele pasarse por alto: deterioran la convivencia y la confianza en la administración.
La solución no es prohibir, es regular bien
Las copropiedades que gestionan correctamente este tema no cierran la puerta, la controlan.
Implementan protocolos claros, permiten la autorización del residente, utilizan herramientas tecnológicas y establecen medidas de seguridad que no interfieran innecesariamente con la vida cotidiana. La diferencia está en el enfoque: no se trata de restringir por prevenir, sino de gestionar el riesgo sin afectar derechos.
Una decisión que debe tomarse con criterio jurídico
Prohibir que los domiciliarios suban al apartamento puede parecer una medida práctica, pero desde el punto de vista legal puede ser cuestionable si no está bien sustentada.
El verdadero reto para las administraciones es encontrar el equilibrio entre proteger el conjunto y respetar la autonomía del residente. Ese equilibrio no solo evita problemas legales, también fortalece la convivencia. Si tu copropiedad enfrenta conflictos por este tipo de decisiones, contar con un abogado especialista en propiedad horizontal puede marcar la diferencia entre una medida bien sustentada y una que termine en impugnación.